¿ Un estado fallido ?

Por definición una nación se compone de un territorio, una comunidad humana con características culturales comunes y un gobierno, este último tiene dos tareas fundamentales: salvaguardar la propiedad privada y la seguridad de sus habitantes. Este es en síntesis el principio de todo gobierno, en su cumplimiento cabal se da la paz social y establece el marco para el desarrollo del resto de las funciones de un estado moderno que se puede resumir en procurar el bien común, pero en la medida de que estas dos primicias no se cumplan el resto carece de verdadero sentido social.
A lo largo de la historia humana han surgido múltiples formas de organización social y de gobiernos, y su permanencia ha sido determinada por la validez no solo teórica como modelo jurídico, sino por el bienestar y el nivel de desarrollo alcanzado como naciones. Salvo excepciones, las naciones modernas se han otorgado a si mismas una democracia representativa con un gobierno dividido a la manera francesa en tres poderes que se renuevan periódicamente mediante el sufragio de sus habitantes, así como un conjunto de leyes que otorgan derechos, acotan a los gobernantes, dirimen conflictos y sancionan delitos.
Así fueron en mayor o menor medida los gobiernos posrevolucionarios mexicanos a lo largo de casi siete décadas, algunos de ellos transformadores y revolucionarios en el amplio sentido del término, otros francamente mediocres, honesto y democrático ninguno. Pero en el año 2000 los mexicanos confundimos alternancia política partidaria con sufragio efectivo y democracia con capacidad de gobierno; el resultado ha sido desastroso. Hoy pueblan las estructuras burocráticas miles de buscachambas sin experiencia, sin vocación y preparación para el servicio público, cuyo merito principal es la pertenencia a algún partido político o camarilla, una insensibilidad social caricaturesca y una incompetencia solo menor a su sed de enriquecimiento voraz.

Aunque nos sea doloroso recordemos algunas tragedias recientes en el país :La matanza en Acteal; la matanza en Aguas Blancas; la represión policiaca en la discoteca New’s Divine; la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC; la malograda investigación de la muerte de la menor Paulette Gebara Farah; el linchamiento colectivo de policías federales en San Juan Ixtayopan, Tláhuac; las represiones absurdas en San Salvador Atenco y en la ciudad de Oaxaca con motivo de un conflicto magisterial y desde luego los mas de 15,000 muertos ocasionados por la guerra contra el narcotráfico, de los cuáles varios cientos corresponden a civiles ajenos al conflicto. Todas estas tragedias tiene un denominador común: La represión del estado y la ineficacia del gobierno por mantener la paz social e impartir justicia.
Los distintos cuerpos de procuración de justicia estatales y federales han sido incapaces de resolver todos estos crímenes y la mas alta instancia judicial del país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atreve a dictar tibias “recomendaciones” sobre el particular o simplemente declararse “Incompetente”.

Entre la incapacidad, la complicidad y la corrupción se desenvuelven los tres poderes de la unión y son acompañados desde luego por los tres niveles de gobierno.

Varios de los más macabros delitos enumerados debieron haberse investigado y castigado severamente en el ámbito municipal o estatal y se dejaron crecer absurdamente hasta convertirse en un delito de resonancia e implicación nacional. Ante todo ello, las preguntas obligadas son:
¿Si el estado mexicano no puede en la lucha contra la delincuencia organizada?, ¿Si el número de ajusticiados seguirá creciendo diariamente hasta convertirse en algo que un conocido periodista denomina “El parte de guerra“ y contabiliza en su noticiario cada 24 horas como caídos en “cada frente”?, ¿Si los resultados en el número de aprehensiones judiciales, encarcelados, y sentenciados seguirá sin corresponder a la dimensión de problema?, ¿Si no existe voluntad política, mas allá de la demagógica oratoria?, ¿Si la capacidad de respuesta del gobierno ante la ola criminal está rebasada?. ¿Si no puede el ciudadano común contar con la salvaguarda minima a sus propiedades y a su vida y por lo contrario sentirse amenazado por las fuerzas policíacas responsable de su seguridad?, ¿Si tendremos que seguir siendo rehenes del ejército?, ¿Si la intermediación y señalamientos de la CNDH será el pan de cada día en la vida nacional y la única instancia que mal defienda nuestros mas elementales derechos?. Si la respuesta a todas estas interrogantes ciudadanas es afirmativa, entonces estamos fatalmente ante un estado mexicano fallido.

Que lejos han quedado las promesas de campaña a la Presidencia de la Republica en 2006, cuando Felipe Calderón se autoproclamaba el “Candidato del empleo”, cuando a cambio de la confianza ciudadana en las urnas se prometía un crecimiento del 5% en el PIP, con estabilidad macroeconómica y suficiente dinero en el bolsillo de las familias; un Seguro Popular capaz de solucionar todo mal, una inflación menor al 3 % anual y múltiples programas sociales de beneficio nacional.
Curiosamente el tema de la seguridad no fue motivo de un compromiso del candidato Calderón. Hoy los desengaños por los malos resultados lo han llevado a ocupar porcentajes de aceptación a su administración muy bajos en recientes encuestas. El grado de satisfacción ciudadana sobre su gestión ha sido calificado como “no satisfactorio” en todos los niveles sociales y no hay prácticamente ninguna entidad federativa que se declare a salvo de la delincuencia organizada. Esta apreciación no solo es nacional, “El Comando de las Fuerzas Conjuntas de los Estados Unidos (EU) dio a conocer un reporte en el que subrayan los retos a enfrentar en el futuro cercano en materia de seguridad. El reporte subraya que México y Pakistán son los dos países con mayores riesgos de colapsar, por lo que el gobierno de los EU debe poner mayor atención en dichos países, debido a sus implicaciones en su seguridad nacional”.

El ABC de las guarderías

Cuando se han cumplido 374 días de una de la tragedias mas sentidas socialmente: la muerte de 49 menores en la guardería ABC localizada en Hermosillo, Sonora, sin que se haya ejercido acción penal contra los responsables directos e indirectos de esta prematura e injusta muerte colectiva; uno se pregunta si los aparatos de procuración de justicia son particularmente lentos o insensibles al clamor social para actuar contra los culpables.

Como parte de las prestaciones sociales a que tienen derecho tanto trabajadores, como derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra el servicio de guardería para aquellas madres cuya jornada de trabajo matutina o vespertina les impide atender adecuadamente a sus hijos menores de seis años. Las guarderías del IMSS por varias décadas fueron el modelo a seguir en instalaciones, personal técnico calificado, programas de puericultura, alimentación y desarrollo infantil diseñados ad doc, normas estandarizadas de funcionamiento y procedimientos, estrictos sistemas de supervisión y una atención individual humana a todos los menores.
Sin embargo a partir de la década de los 80’s arribaron directores generales improvisados, que lo mismo eran expertos en agronomía, educación, turismo, petróleo, etc. que en seguridad social y que alcanzaban esa posición como parte de un pago político y para engrosar lo que pomposamente se denominó el Gabinete Presidencial Ampliado, en donde se incluían personajes que aun cuando no alcanzaban el rango de Secretario de Estado, cobraban como ministros y desde luego salían en la foto.

A lo largo de estos últimos treinta años el IMSS ha sufrido un desmantelamiento sistemático y un empobrecimiento inexplicable, siendo una de las instituciones más sanas financieramente y emblemáticas del gobierno a nivel internacional. Su estado actual solo es entendible por el saqueo del que ha sido objeto desde las más altas esferas del poder político y sindical del país. La reciente y abyecta reforma aprobada por el congreso de la unión en el capitulo de pensiones responsabilizó a los trabajadores de la ruina económica de la institución y los castigó aumentando la edad para la jubilación y el monto porcentual de su contribución a el pago de la misma. La reforma penalizó al verdadero culpable de la ruina institucional: los trabajadores.
Nadie recuerda que múltiples administraciones sexenales tomaron decisiones arbitrarias y contrarias al objetivo social del IMSS, se construyeron y administraron teatros, se compraron equipos de futbol, se contrataron jugadores extranjeros, se adquirió una flotilla de aeronaves para comodidad de los altos directivos, se edificaron y mal administraron centros vacacionales, etc. Pero lo más grave de todo ello es que se dispuso irresponsablemente del fondo de retiro de los trabajadores, hipotecando su futuro y factibilidad. En “los años dorados de la abundancia”, el fondo de las arcas parecía inagotable, pero se agotó. No hay prácticamente ningún Director General del IMSS que no se haya convertido en millonario y en el mejor ejemplo público de la ineficacia y el cinismo personal. Todos los programas fueron objeto del pillaje y los negocios ; las guarderías no fueron la excepción, demostraron muy pronto que con una inversión pequeñísima y las complicidades necesarias eran un estupendo negocio para todos; así lejos de construir y operar guarderías modelo de alto costo, proliferaron por doquier changarros improvisados, montados en galerones que lo mismo albergaban un mercado, una zapatería, una pensión de automóviles o un taller mecánico. Se armaron expedientes falsos y se otorgaron a amigos y compinches jugosas concesiones, en donde sin cumplir los requisitos mínimos se les pagaba un alto precio por “niño atendido”. El negocio marchó y creció desproporcionadamente en los últimos años, pese a las quejas de los padres de familia, que al final eran los que menos importaban.
Todo floreció exitosamente hasta las tres de la tarde del viernes cinco de junio de 2009, en que por causas aun no explicadas se inició un incendio en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora adyacentes a la guardería subrogada del IMSS ABC, donde eran albergados un total de 176 menores de seis años, el fuego no pudo ser controlado y convirtió en cenizas rápidamente todo el enorme galerón que carecía de las medidas necesarias de seguridad, arrasando también de manera inmediata la vida de 31 niños, que en los días subsecuentes sumaron un total de 49 menores que nunca debieron de haber muerto, si quienes tenían la obligación de velar por su salvaguarda así lo hubieran hecho.
Una larga cadena de complicidades concatena a dos Directores Generales del IMSS, a su Subdirector de Prestaciones Sociales, a la Titular Nacional de Guarderías, al Gobernador del Estado, al Secretario de Protección Civil, al Secretario de Finanzas del estado, al Presidente Municipal de Hermosillo, al responsable estatal de guarderías y desde luego a los propietarios de la guardería ABC, que han resultado ser dos connotadas señoras de la sociedad sonorense ligadas a la Presidencia de la Republica.

A más de un año de la tragedia, la justicia federal ha sido particularmente lenta y algunos de los responsables han sido incluso promovidos y premiados. No ha habido una cascada de renuncias, no hay un alud de ordenes de aprensión judicial, los culpables gozan de cabal salud y al igual que en una cruel mascarada de teatro la justicia ha sido burlada desde el mas alto nivel del poder mexicano.
Hoy en Hermosillo hay 49 pequeñas tumbas, 70 niños sobrevivientes con lesiones físicas y psicológicas que exigen atención y cientos de padres de familia que deambulan tocando puertas sordas.
Ojala el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la responsabilidad en el incendio y sus trágicas consecuencias no resulte como el parto de la montaña.

Gobernantes Mexicas

“El tlatoani cubre con su sombra
protege como una ceiba frondosa
como un ahuhuete
tiene valor, autoridad
está afamado, es honrado
tiene nombre, tiene fama”

La organización política y social de los mexicas, así como su actividad guerrera estaba supeditada a la religión, eran pues un estado teocrático. El grupo social dominante fue el de los sacerdotes, quienes jugaron un papel determinante desde su salida de Aztlán.
Sin embargo a partir de la segunda mitad del siglo XIV las distintas clases sociales manifestaron su deseo de elegir un señor o rey como lo hacían otros pueblos, a pesar de la oposición de los sacerdotes se llevó a cabo la elección en la persona de Huitzilíhiutl, hijo de la doncella Ilhuicatle y el príncipe de Zumpango, quien sin embargo no fue considerado como verdadero rey, porque los mexicas o aztecas carecían en ese momento de lo mas indispensable para fundar un reino: un territorio propio.
El tlatoani o tlacatecutli se encontraba en el vértice de la pirámide social, con poder absoluto, a quien todos debían respeto y obediencia, tomaba decisiones de orden político, militar, en la administración fiscal y de justicia, así como en algunos asuntos de carácter religioso.
Hacia 1361 los aztecas eligieron como primer tlatoani a Acamapichtli (caña en el puño) hijo de Huitzilihuitl el viejo, quien fue solicitado al señor de Culhuacán para gobernarlos, emparentado de esta manera con la nobleza tolteca y ganando para sí sus privilegios.
Once fueron los gobernantes aztecas, quienes por espacio de 196 años determinaron el esplendor de Tenochtitlan, logrando en tan poco espacio de tiempo convertir a un puñado de migrantes que habitaban un pequeño territorio hostil en un pueblo guerrero y conquistador de los mas vastos territorios de mesoamerica, con una cultura propia, ciudades esplendidas, amplios conocimientos en matemáticas, astronomía, arquitectura, ingeniería, herbolaria, hidráulica, etc. Todos ellos han pasado a la historia de las glorias prehispánicas como hombres sabios, justos, valientes guerreros y protectores de las ciencias y las artes.
Aunque existen divergencias entre los cronistas e historiadores acerca de las fechas precisas del dominio de estos señores, se aceptan más o menos veinte años como margen de error en el tiempo de sus reinados.
Acamapichtli (caña en puño) gobernó de 1376 a 1395; Huitzilíhuitl (pluma de colibrí ) de 1395 a 1417; Chimalpopoca (escudo que humea) de 1417 a 1427; Itzcoatl (culebra de obsidiana) de 1427 a 1440; Moctezuma Ilhuicamina (el flechador del cielo) de 1440 a 1469; Axayácatl (cara de agua) de 1469 a 1481; Tizoc (pierna llagada) de 1481 a 1486; Ahuizotl (perro de aguas) de 1486 a 1502; Moctezuma Xocoyotzin (señor joven ) de 1502 a 1520; Cuitlahuac (el que cuida el agua del lugar) en 1521; y Cuauhtémoc (águila que cae) en 1521.

Aun cuando Cuauhtémoc fue ejecutado en 1525 camino de las Hibueras, hoy Honduras, en compañía de los Señores de Tacuba y Texcoco por orden de Hernán Cortés se considera que su reinado finalizó con la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521.
Tras un cruel sitio que duró 75 días y sangrientos enfrentamientos navales y terrestres sucumbió la ciudad que fue orgullo del valle del Anahuac, que maravilló a los españoles a su llegada en 1519 y que fue detenidamente descrita por Bernal Díaz del Castillo en su obra “La Historia verdadera de la conquista de la Nueva España” publicada en 1575.
En la batalla final 30,000 hombres del bando español incluyendo a sus aliados indígenas perdieron la vida, del lado mexica las bajas se estiman en 250,000 guerreros.
Los años de gloria del imperio azteca habían terminado, las profecías sobre su fundación y destrucción se habían cumplido inexorablemente. Hoy solo los códices dan cuenta de las hazañas de los Señores que gobernaron con justicia y sabiduría al pueblo de Aztlán.