¿ Un estado fallido ?

Por definición una nación se compone de un territorio, una comunidad humana con características culturales comunes y un gobierno, este último tiene dos tareas fundamentales: salvaguardar la propiedad privada y la seguridad de sus habitantes. Este es en síntesis el principio de todo gobierno, en su cumplimiento cabal se da la paz social y establece el marco para el desarrollo del resto de las funciones de un estado moderno que se puede resumir en procurar el bien común, pero en la medida de que estas dos primicias no se cumplan el resto carece de verdadero sentido social.
A lo largo de la historia humana han surgido múltiples formas de organización social y de gobiernos, y su permanencia ha sido determinada por la validez no solo teórica como modelo jurídico, sino por el bienestar y el nivel de desarrollo alcanzado como naciones. Salvo excepciones, las naciones modernas se han otorgado a si mismas una democracia representativa con un gobierno dividido a la manera francesa en tres poderes que se renuevan periódicamente mediante el sufragio de sus habitantes, así como un conjunto de leyes que otorgan derechos, acotan a los gobernantes, dirimen conflictos y sancionan delitos.
Así fueron en mayor o menor medida los gobiernos posrevolucionarios mexicanos a lo largo de casi siete décadas, algunos de ellos transformadores y revolucionarios en el amplio sentido del término, otros francamente mediocres, honesto y democrático ninguno. Pero en el año 2000 los mexicanos confundimos alternancia política partidaria con sufragio efectivo y democracia con capacidad de gobierno; el resultado ha sido desastroso. Hoy pueblan las estructuras burocráticas miles de buscachambas sin experiencia, sin vocación y preparación para el servicio público, cuyo merito principal es la pertenencia a algún partido político o camarilla, una insensibilidad social caricaturesca y una incompetencia solo menor a su sed de enriquecimiento voraz.

Aunque nos sea doloroso recordemos algunas tragedias recientes en el país :La matanza en Acteal; la matanza en Aguas Blancas; la represión policiaca en la discoteca New’s Divine; la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC; la malograda investigación de la muerte de la menor Paulette Gebara Farah; el linchamiento colectivo de policías federales en San Juan Ixtayopan, Tláhuac; las represiones absurdas en San Salvador Atenco y en la ciudad de Oaxaca con motivo de un conflicto magisterial y desde luego los mas de 15,000 muertos ocasionados por la guerra contra el narcotráfico, de los cuáles varios cientos corresponden a civiles ajenos al conflicto. Todas estas tragedias tiene un denominador común: La represión del estado y la ineficacia del gobierno por mantener la paz social e impartir justicia.
Los distintos cuerpos de procuración de justicia estatales y federales han sido incapaces de resolver todos estos crímenes y la mas alta instancia judicial del país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atreve a dictar tibias “recomendaciones” sobre el particular o simplemente declararse “Incompetente”.

Entre la incapacidad, la complicidad y la corrupción se desenvuelven los tres poderes de la unión y son acompañados desde luego por los tres niveles de gobierno.

Varios de los más macabros delitos enumerados debieron haberse investigado y castigado severamente en el ámbito municipal o estatal y se dejaron crecer absurdamente hasta convertirse en un delito de resonancia e implicación nacional. Ante todo ello, las preguntas obligadas son:
¿Si el estado mexicano no puede en la lucha contra la delincuencia organizada?, ¿Si el número de ajusticiados seguirá creciendo diariamente hasta convertirse en algo que un conocido periodista denomina “El parte de guerra“ y contabiliza en su noticiario cada 24 horas como caídos en “cada frente”?, ¿Si los resultados en el número de aprehensiones judiciales, encarcelados, y sentenciados seguirá sin corresponder a la dimensión de problema?, ¿Si no existe voluntad política, mas allá de la demagógica oratoria?, ¿Si la capacidad de respuesta del gobierno ante la ola criminal está rebasada?. ¿Si no puede el ciudadano común contar con la salvaguarda minima a sus propiedades y a su vida y por lo contrario sentirse amenazado por las fuerzas policíacas responsable de su seguridad?, ¿Si tendremos que seguir siendo rehenes del ejército?, ¿Si la intermediación y señalamientos de la CNDH será el pan de cada día en la vida nacional y la única instancia que mal defienda nuestros mas elementales derechos?. Si la respuesta a todas estas interrogantes ciudadanas es afirmativa, entonces estamos fatalmente ante un estado mexicano fallido.

Que lejos han quedado las promesas de campaña a la Presidencia de la Republica en 2006, cuando Felipe Calderón se autoproclamaba el “Candidato del empleo”, cuando a cambio de la confianza ciudadana en las urnas se prometía un crecimiento del 5% en el PIP, con estabilidad macroeconómica y suficiente dinero en el bolsillo de las familias; un Seguro Popular capaz de solucionar todo mal, una inflación menor al 3 % anual y múltiples programas sociales de beneficio nacional.
Curiosamente el tema de la seguridad no fue motivo de un compromiso del candidato Calderón. Hoy los desengaños por los malos resultados lo han llevado a ocupar porcentajes de aceptación a su administración muy bajos en recientes encuestas. El grado de satisfacción ciudadana sobre su gestión ha sido calificado como “no satisfactorio” en todos los niveles sociales y no hay prácticamente ninguna entidad federativa que se declare a salvo de la delincuencia organizada. Esta apreciación no solo es nacional, “El Comando de las Fuerzas Conjuntas de los Estados Unidos (EU) dio a conocer un reporte en el que subrayan los retos a enfrentar en el futuro cercano en materia de seguridad. El reporte subraya que México y Pakistán son los dos países con mayores riesgos de colapsar, por lo que el gobierno de los EU debe poner mayor atención en dichos países, debido a sus implicaciones en su seguridad nacional”.